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DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA: “En El Salvador se agudiza el deterioro ecológico ante la incapacidad de frenar a los destructores ambientales"

Por: UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA (UNES)

"DE LA PROPUESTA A LA PROTESTA SOCIAL"

 

En el año 2018 tenemos un planeta y un El Salvador: Más Destruido y por lo tanto, Más Vulnerable. El país se encuentra sumamente deforestado, con menos agua (2.896 m3/cap) y más contaminada a nivel global: destrucción de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, contaminación: atmosférica, de ríos, lagos, mantos acuíferos y océanos. ¡Con más proyectos de muerte que afectan los bienes ambientales y la salud de la población y los graves impactos del cambio climático y con una creciente delincuencia ambiental y su impunidad!

 

En el marco del 22 de abril conmemorando el día mundial de nuestra madre tierra, queremos reiterar que El Salvador sufre varios conflictos socio ambientales que impactan los bienes ambientales, entre esto hay que tomar en cuenta que El Salvador tiene una población estimada en 6.46 millones de habitantes (MINEC, DIGESTIC, 2015), tenemos la población más alta (298) por kilómetro cuadrado en Latino América y sigue creciendo exponencialmente. En la actualidad, el país aunque cuenta con un 27% de cobertura arbórea, menos del 2% es bosque original. Además, se observa la falta de cobertura arbórea en el 64 % de las principales zonas de recarga hídrica, en el 42 % de las áreas propensas a deslizamientos y en el 67 % de los márgenes de los principales ríos (MARN, 2013c).

 

En este momento, El Salvador se encuentra entre los 15 países más expuestos a amenazas y más vulnerables a eventos naturales (UNU-EhS, 2016). Los estudios de calidad de agua realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) entre 2006 y 2013 muestran que de 55 ríos monitoreados ninguno tiene una calidad excelente. En 2013 el 73 % estaba en condiciones “regulares”, el 17 % en “malas” y el 5 % en “pésimas.

 

Frente a estos indicadores que muestran como El Salvador está en cuidados intensivos en materia ambiental, vemos con mucha preocupación la expansión desmedida y desregulada del monocultivo de la caña de azúcar por sus impactos en la contaminación y la sobre explotación del agua y el suelo; así como, su impacto en la producción campesina de alimentos y los efectos nocivos que produce la quema de la caña sobre los ecosistemas, los medios de vida y la población cercana.

 

Existe además la problemática de las ciudades provocada por el crecimiento urbano desordenado y carente de planificación estratégica del Estado, lo que trae como consecuencias crecientes riesgos urbanos, conflictos por el uso del espacio público, destrucción de las zonas de recarga acuífera (Finca El Espino, Volcán de San Salvador, Cerro de San Jacinto, Cordillera del bálsamo, Tacuzcalco, Nejapa, Santo Tomás, entre otros), lo que incide en que existe más riesgos, menos aire limpio, aumento de la temperatura y menos espacios de convivencia.

 

A esta crisis le debemos sumar, los efectos del cambio climático, que podemos resumir en déficit o exceso de agua e incremento de las temperaturas, (1.1°C en 2016), que sin duda tiene impactos serios en la producción de alimentos, incremento de vectores que producen enfermedades (Dengue, Chikungunya, Zika), incremento de incendios forestales en 2016 fueron 187 y el año pasado, 226.Ante esto demandamos a las instancias del estado que retomen la sustentabilidad ambiental como la centralidad para las políticas públicas y acciones a desarrollar. Al Gobierno Central Es muy preocupante, que la gestión ambiental sigue siendo un tema marginal, accesorio e incluso meramente

procedimental para muchas de las carteras del ejecutivo. Eso se expresa en las dificultades de financiamiento, la percepción de la Ley de Medio Ambiente como un simple trámite a simplificar para que vengan las inversiones, que no se de mayor seguimiento y control a los permisos brindados de cara a que se ejecuten como se plantearon o incluso aplicar la sanción y acción legal en contra de las empresas e industrias que violentan la ley. UNES considera que existe una visible separación entre las acciones realizadas hasta el momento y el compromiso de transitar hacia el buen vivir, establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo. A la Asamblea Legislativa La asamblea legislativa tiene una amplia deuda en la temática ambiental hasta el año 2012 inició la discusión de la ley general de agua, aunque fue presentada a la asamblea 6 años antes y a pesar de la grave crisis del agua, aún se encuentra en discusión y hoy se ve la fuerte amenaza de aprobar una ley que privatice el agua a nivel nacional al tener una autoridad del agua con una junta directiva con participación de la empresa privada; si hay algún avance es muy lento y débil en otras leyes y reformas vinculadas con el ambiente y no considera la magnitud de la crisis, como la prohibición de los agro tóxicos, la aprobación de la ley de soberanía y seguridad alimentaria, la ratificación de la reforma constitucional para incluir el derecho al agua y la alimentación como un derecho humano, aún esperan ser abordados por los legisladores; por tanto, son propuestas de ley que deben discutirse con urgencia y aprobarse tomando en cuenta los contenidos que beneficien a las grandes mayorías y no a los sectores económicamente fuertes de nuestro país. A la Corte Suprema de Justicia.

 

Reconocemos los avances en la consolidación del Tribunal Ambiental de San Salvador, consideramos que ha hecho aportes significativos a la lucha contra la impunidad ambiental en el país. Es importante que los magistrados y jueces le den la magnitud que merece al tema ambiental y que no se beneficie

con procesos contenciosos administrativos a empresas que buscan dilatar su responsabilidad ambiental en los daños que sus proyectos causan.

 

El Salvador debe apostarle frente a la crisis socio ambiental el retomar la sustentabilidad y el buen vivir como alternativa al modelo económico imperante y al capitalismo sistémico que tanto daño nos ha hecho.

 



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